La "seguridad democrática" de Uribe en las cárceles

23 Junio 2010 - 10:43pm
Desconfianza en el Inpec
Por: Elespectador.com
SORPRESA Y CONFUSIÓN MANIFESTÓ esta semana el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ante el hallazgo de ocho botellas de whisky cerca del Pabellón de Parapolíticos en la cárcel La Picota.
Sin embargo, a nadie extrañó la actitud desorientada del Inpec, pues por estos días el Instituto parece no tener respuesta alguna para justificar las irregularidades que ocurren tras los muros de las cárceles en todo el país.

Tan sólo un día antes de que se hiciera pública la incautación del whisky en La Picota, fue noticia el robo de $77 millones en la Cárcel Nacional Modelo, en Bogotá. El Instituto anunció numerosas investigaciones para resolver el crimen, como en otras ocasiones, y se mostró particularmente asombrado debido a que el dinero fue extraído de una caja fuerte que estaba en el área administrativa del penal.

La reiterada promesa de concienzudas pesquisas se queda corta ante la frecuencia con que se evidencian anomalías en centros penitenciarios y la grave magnitud de algunas de ellas. Son pocas las respuestas contundentes a las acusaciones que vienen acumulándose hace meses sobre transgresiones que, en muchos casos, involucran a funcionarios del Inpec.

La seguridad obsoleta y deficiente tanto en pabellones de máxima seguridad, como en algunos de los nuevos centros penitenciarios, es evidente cada que se registra una fuga, y ha sido denunciada hasta la saciedad por medios de comunicación o miembros de la Federación de Sindicatos del Inpec. Es de recordar cómo en febrero de este año dos de los más peligrosos desmovilizados de las Auc —alias Carecuchillo, y alias Tribilín—, habrían escapado por la puerta principal de La Picota con la colaboración de funcionarios encargados del orden.

A las denuncias sobre deficiencias en la seguridad se suman evidencias sobre irregularidades en la adjudicación de contratos de servicios de alimentación, de provisión de uniformes, y de administración de cabinas telefónicas en el interior de las cárceles. Ha sido comprobado, además, el mal funcionamiento de brazaletes electrónicos para quienes cumplen penas en prisión domiciliaria, que no pueden ser rastreados en algunos puntos de la geografía nacional y son fáciles de quitar. Como si fuera poco, el pasado mes de mayo fue desmantelada una banda de extorsionistas profesionales que además de operar desde la cárcel la Ternera en Cartagena, estaba conformada por guardianes del Inpec en contubernio con reos.

La anarquía dentro de las cárceles es tal, que el Estado no cuenta ni siquiera con un conteo fidedigno sobre la población de prisioneros. En un censo para prestar el servicio de salud a los internos, la EPS Caprecom encontró presos con dos, tres y hasta seis identificaciones; reclusos de sexo masculino con cédulas de ciudadanía femenina, uso activo de identificación de personas fallecidas y prisioneros con nombres falsos.

Este contexto de corrupción y desorden en todo el sistema penitenciario no sólo incrementa las oportunidades de fuga de los reclusos, sino que favorece el caos, los motines, así como los excesos por parte de las autoridades. En un fuerte amotinamiento en la penitenciaría La Modelo murieron, el pasado mes de mayo, tres reos y 25 resultaron heridos. Y calcinados, en hechos todavía confusos, perecieron también dos prisioneros en la cárcel de Palogordo, en el municipio de Girón, Santander.

No parece entonces que las soluciones hasta ahora practicadas surtan algún efecto. Los presos corren riesgos y hay corrupción, eso está claro, pero nadie en el Gobierno acepta que los problemas son reales y requieren, como mínimo, de un diagnóstico serio e independiente. Por lo mismo, no es de extrañar que no se asuman responsabilidades.

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