Se le perdieron mil hectareas de tierra a la Dirección Nacional de Estupefacientes (esa es la cifra oficial, sin contar los BILLONES de pesos incautados que se esfuman constantemente)
A una hora de Montería, por la carretera que conduce al municipio de Tierralta, hay dos fincas que pertenecieron al narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, quien se fugó de la cárcel Picota de Bogotá, fue recapturado en Honduras y extraditado a Estados Unidos en 1988. Ambas propiedades le fueron confiscadas y al terminar el proceso de extinción de dominio, en 2004, un juez ordenó su entrega a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Y aunque en apariencia fue entregada por el gobierno a campesinos pobres, la realidad es otra.
Las volátiles tierras de la DNE en Córdoba
Sábado 6 Noviembre 2010
Mil novecientas setenta y una hectáreas expropiadas a Ramón Matta Ballesteros en Córdoba, terminaron reducidas a la mitad, y aunque fueron adjudicadas a 35 familias campesinas, siguen en poder de un rico ganadero a quien el narcotraficante se las había alquilado en 1998.
A una hora de Montería, por la carretera que conduce al municipio de Tierralta, hay dos fincas que pertenecieron al narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, quien se fugó de la cárcel Picota de Bogotá, fue recapturado en Honduras y extraditado a Estados Unidos en 1988. Ambas propiedades le fueron confiscadas y al terminar el proceso de extinción de dominio, en 2004, un juez ordenó su entrega a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Y aunque en apariencia fue entregada por el gobierno a campesinos pobres, la realidad es otra.
Las dos propiedades sumaban 1.971 hectáreas. Volador era la más extensa, con 1.571 está ubicada a orillas de la carretera y a sólo 15 minutos de Tierralta, el epicentro paramilitar de Mancuso; la segunda, Macaniyal tiene 410 hectáreas y limita con el río Sinú. Ambas son tierras bajas, fértiles y apetecidas por los ganaderos de la región, donde la hectárea puede costar entre 20 y 30 millones de pesos.
Un primer hecho curioso es que antes de que el DNE le hiciera entrega formal de estos predios al Instituto de Desarrollo Rural (Incoder) la depositaria nombrada por la DNE para administrarlas, Beatriz Clemencia Bennet de De la Rosa, hizo una aclaración de cabidas y linderos según la cual los dos predios ya no tenían 1.971, sino 897 hectáreas, para lo cual se basó en un documento pericial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
¿Cómo se esfumaron más de mil hectáreas durante el proceso de extinción de dominio? De acuerdo con el informe del perito del Igac, el predio Macaniyal, ubicado a orillas del río Sinú, perdió 65 hectáreas como consecuencia de la erosión provocada por el río, y otras 60 hectáreas pertenecían a otra finca. Mientras que en la finca Volador las 800 hectáreas desaparecieron porque de acuerdo con el informe del oficial de Catastro, Humberto Vergara Pineda, la cifra original estaba errada.
Pero que las fincas hayan terminado reducidas a la mitad, no es el único problema. En 2006 ambos predios fueron entregados aparentemente por el Incoder a 35 familias campesinas. Pero en realidad, nunca dejaron de estar en manos de Walter Pabón, un ganadero a quien Matta le había arrendado los predios en 1998. El pasado 12 de julio, los adjudicatarios Jhon Fernández, Medardo Ospino, Pedro Díaz, Wilson Paternina, Vicente Díaz y Elisimaco Paternina, interpusieron la denuncia ante la oficina de enlace territorial del Incoder y relataron toda una serie de irregularidades ocurridas durante y después de la adjudicación.
Estos campesinos eran jornaleros de las fincas y, según le contaron ellos mismos a SEMANA, fue el propio Pabón quien les propuso que solicitaran la tierra, que él les daría trabajo y les pagaría un arriendo para seguirlas usufructuando. Incoder les adjudicó la tierra, muy a pesar de que un requisito era tener un proyecto colectivo de producción. Pabón no cumplió su parte del trato. Por el contrario, cada vez que había una comisión de Incoder proveniente de Bogotá Pabón los mandaba llamar para que dijeran que ellos trabajaban la finca, pero vivían en el corregimiento por razones de seguridad. De hecho, está zona fue controlada completamente por los paramilitares de Mancuso y Don Berna. Como si fuera poco, Pabón los hizo constituir dos asociaciones, Nuevo Sol y Nuevo Amanecer, a través de las cuales, según los campesinos, ha solicitado créditos. La impostura logró mantenerse según los campesinos porque el entonces director de Incoder en Córdoba, Francisco Godín Ojeda, era íntimo amigo de la familia Pabón.
Hace poco más de dos años uno de los beneficiarios, Jaider González fue a Incoder a buscar copia de los documentos donde están consignadas las adjudicaciones de las tierras donde consta que las 194 hectáreas que habían quedado del predio Macaniyal se las entregaron a 10 familias, y las 703 del Volador a otras 25 familias. SEMANA se reunió con quince de los beneficiarios en Volador y contaron que se decidieron a hacer la denuncia porque no sólo no están usufructuando las tierras, sino que además Pabón los ha amenazado.
Incoder, la DNE y el arrendatario tendrán que aclarar como dos fincas que tenían 1.971 hectáreas fueron reducidas a menos de la mitad y por qué fue adjudicada a unos campesinos y están siendo usufructuadas por un poderoso ganadero. SEMANA consultó con ingenieros de la Corporación para los Valles de los Ríos Sinú y San Jorge (CVS), así como ingenieros de la Hidroeléctrica Urrá, si la erosión puede provocar una pérdida de tierra por cambio de cauce o por avalanchas por crecientes repentinas, y todos los consultados coincidieron en que era un exabrupto, un absurdo imposible de suceder en periodos cortos de tiempo y en longitudes de orilla muy pequeñas. Tanto la CVS como Urrá tienen identificados los puntos críticos y en los últimos 20 años no han reportado fenómenos de tal magnitud.
SEMANA intentó hablar con el señor José Walter Pabón, pero los teléfonos son contestados por empleados y un abogado de los parceleros, que se identificó como Jimmy Fernández Naar, pidió que no se publicara la historia porque los parceleros habían llegado a un arreglo con el señor Pabón. No obstante, la gravedad de estos hechos, hizo que el gerente de Incoder, solicitara el traslado del expediente a Bogotá para estudiar detenidamente el caso.
Al preguntarle a los campesinos por qué se demoraron en denunciar, dicen que no confiaban en Incoder y ahora sí. De hecho, desde que denunciaron el caso, Incoder ha convocado a dos reuniones con la Procuraduría Agraria, Defensoria del Pueblo, Ejército, Policía, Acción Social, municipio de Tierralta y Gobernación para aclarar qué es lo que ha pasado con los predios. Los parceleros se toman la cabeza y dicen: ‘ahora nos van a quitar lo que no nos han dado’.
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