La lista de entidades corruptas es larga

Por JAIME ALBERTO RESTREPO CARVAJAL
El Das está en liquidación por exceso de irregularidades, Etesa investigada por tener una oficina de cobro paralela, el Incoder denunciado por adjudicar tierras a narcos, el Banco Agrario por prestar a floricultores para otros fines, el Inpec cooptado por parapolíticos (nadie acepta ser su director); la Dian convertida en feria de contratos y despilfarro, Ingeominas en una orgía de títulos mineros irregulares, el Inco tambalea por otorgar concesiones sin estudios previos. Hace poco la Dijin hizo un allanamiento muy singular, no a la finca de un narco, sino a la Dirección Nacional de Estupefacientes; 10 días más tarde intervino la oficina que apoya la lucha antisecuestro, Fondelibertad. Y esto apenas comienza. Renuncia la directora del CTI por contratos millonarios con familiares, mientras investigan a un hermano del ex comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla...
El Foro Económico Mundial concluye que el primer escollo para negociar con empresas privadas en Colombia es la corrupción, por encima de impuestos, ineficiencia estatal y violencia.
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¡Qué articulazo!
JAIME ALBERTO RESTREPO CARVAJAL

Sáb, 11/20/2010 - 22:59 — maguilera

Hace poco la Dijin hizo un allanamiento muy singular, no a la finca de un narco, sino a la Dirección Nacional de Estupefacientes; 10 días más tarde intervino la oficina que apoya la lucha antisecuestro, Fondelibertad.

Y la lista sigue:
El Das está en liquidación por exceso de irregularidades, Etesa investigada por tener una oficina de cobro paralela, el Incoder denunciado por adjudicar tierras a narcos, el Banco Agrario por prestar a floricultores para otros fines, el Inpec cooptado por parapolíticos (nadie acepta ser su director); la Dian convertida en feria de contratos y despilfarro, Ingeominas en una orgía de títulos mineros irregulares, el Inco tambalea por otorgar concesiones sin estudios previos. Y esto apenas comienza.
La altísima aprobación de Uribe y Santos disimula la causa grave de todos estos operativos: la corrupción extrema. A la par de estos hallazgos, renuncia la directora del CTI por contratos millonarios con familiares, mientras investigan a un hermano del ex comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla, por lo mismo. Si la sal se corrompe…
La situación empresarial es igual. El Foro Económico Mundial concluye que el primer escollo para negociar con empresas privadas en Colombia es la corrupción, por encima de impuestos, ineficiencia estatal y violencia. El conflicto de intereses y favorecimiento de muchos privados en concesiones públicas, aliados con políticos, es aterrador.
El virus de la corrupción también es grave en las regiones: muchas secretarías departamentales y municipales son fábricas de contratos injustificados y millonarios, adjudicados a testaferros y familiares. ¡Ojo!, Bolívar sufre esa enfermedad que podría empeorar con la “urgencia manifiesta” por la emergencia invernal.
El presidente Santos promete dos vacunas urgentes: el “Estatuto Anticorrupción” y una “Fuerza de Tarea Especial” para combatir los corruptos, a quienes prometió “perseguir con la misma intensidad con que se combate el terrorismo".
Inspirado en los Códigos de Buen Gobierno Corporativo, un artículo del estatuto propone vigilar las cuentas y bienes de las "personas políticamente expuestas": todos los empleados públicos, sus cónyuges, parientes hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, y personas jurídicas de las cuales sean socios; y les quita la rebaja de pena. ¿Faltó incluir las “empleadas del servicio”, tan usadas por estos lares como testaferros?
Todo indica que los grandes beneficiarios de la impunidad no quieren aprobar ese articulazo: Santos suplica al congreso “el favor” de no demorar más el trámite. Armando Benedetti contesta: está "congelado, sin posibilidades de vida". Germán Vargas riposta: "es el proyecto más atrasado de la agenda legislativa”. El ala ultra conservadora (Tea Party colombiano) expone argumentos inaceptables: "se tendrán que construir muchas cárceles y es atentatorio de los derechos humanos", dice Eduardo Enríquez Maya, presidente de la Comisión Primera, y otros azules asustados piden que el ministro de Hacienda “certifique el costo fiscal".
El mayor costo fiscal y atropello a los derechos humanos es la corrupción. Construir más cárceles es más barato que soportar este sida maldito de la sociedad, al que tenemos que encontrarle vacuna pronto. Este artículo es la primera cucharada del remedio.

*Ing. Civil y MBA, Directivo Empresarial

restrepojaimea@gmail.com