jueves, 11 de octubre de 2012

A ella la destituyeron por investigar y a ellos los reelegieron saltandose la ley

El Consejo de Estado destituyó a la Fiscal General Vivian Morales, por un presunto error de forma, después de llevar un año en el cargo y poner el dedo en la llaga en los casos de Agro Ingreso Seguro, el Espionaje Nacional del DAS y el caso SaludCoop- casos originados en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez- En su reemplazo fue puesto Eduardo Montealegre -Ex asesor de SaludCoop- Cuando se hizo público que Álvaro Uribe Vélez había comprado su reelección, metieron a la cárcel a los "honorables" congresistas que vendieron su voto a favor de esa reelección; pero los compinches de Uribe y él mismo fueron absueltos -Uribe ni siquiera se mencionó en el caso- y el Consejo de Estado dijo que nada se podia hacer porque era cosa juzgada. En otras palabras: "Ya está reelegido, que le vamos a hacer" El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez -ex magistrado del Consejo de Estado- a contado con el visto bueno de "Honorables" Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de "Honorables" Congresistas, que están impedidos por tener familiares y compinches en la nómina del Procurador y estos últimos además, por tener investigaciones pendientes a cargo del postulado Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez. Ni en el caso de la reelección de Uribe, ni en el de Alejandro Ordoñez ha habido la más mínima posiblidad de ser destituidos, a pesar de violar la Constitución en más de un artículo. http://www.elheraldo.co/noticias/politica/14-del-senado-impedido-para-elegir-al-procurador-85086 La Misión de Observación Electoral reveló ayer que el 14 por ciento del Senado de la República no podrá elegir al Procurador General de la Nación. Esta cifra se desprende del informe que le entregó el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, en respuesta a los derechos de petición enviados por la Coalición por una elección transparente de Procurador. La petición de la Moe consistió en preguntar a senadores y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si tienen familiares hasta cuarto grado de consanguinidad vinculados laboralmente con la Procuraduría General de la Nación y cuántos tienen investigaciones pendientes en el Ministerio público. En su respuesta, la Procuraduría indica que 12 senadores son investigados actualmente por esa entidad, dos tienen familiares vinculados laboralmente; igualmente, que tres magistrados informaron que tienen familiares trabajando en el Ministerio Público. De acuerdo con la MOE, hasta el día de ayer habían respondido 85 de los 99 congresistas que actualmente tienen asiento en el Senado de la República y 17 de los 18 magistrados de la Corte. Los senadores José Francisco Herrera, del Atlántico, y Félix José Valera, del Cesar, reportaron tener familiares en el Ministerio Público, así como los Magistrados, Jorge Mauricio Burgos, Javier Zapata Ortiz y Ruth Marina Díaz. Por su parte el Magistrado José Leonidas Bustos, cuestionado por el presunto vínculo laboral de su esposa con la Procuraduría, manifestó a la Coalición que no da respuesta porque supuestamente viola su derecho a la intimidad, y por considerar el pedido de información como intrascendente, pues por una incapacidad médica no asistió a la sesión en la que la CSJ escogió como candidato al procurador Ordoñez. “El poder judicial debe ser transparente y el doctor Bustos ganaba más informando sobre sus familiares en la Procuraduría, que con la respuesta que nos dio”, afirmó Gloria María Borrero, vocera de la Coalición por una elección transparente de Procurador. Los investigados. El procurador, Alejandro Ordóñez, también le informó a la Coalición que en el momento son 12 los Senadores en ejercicio que se encuentran investigados disciplinariamente. De acuerdo a la información recibida, “el 14% del Senado está impedido para el proceso de elección del Procurador General, y no solamente para votar sino también para participar en algún tipo de campaña”. Las alarmas que ha puesto esta Coalición sobre este proceso, se refieren a la ausencia de una convocatoria y audiencia pública por parte de la CSJ para elegir su candidato

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